El Ayuntamiento encarga un estudio para valorar el reequilibrio económico solicitado por la concesionaria del aparcamiento de Padre Claret

18:05 - Lunes, 26 de Agosto de 2024
El Ayuntamiento encarga un estudio para valorar el reequilibrio económico solicitado por la concesionaria del aparcamiento de Padre Claret
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El concejal de Obras, Servicios e Infraestructuras ha explicado en la comisión de Urbanismo todos los detalles de la solicitud realizada por la empresa Isolux-CorsáN

El concejal de Obras, Servicios e Infraestructuras, José Luis Horcajo, ha explicado en la comisión de Urbanismo celebrada esta mañana todos los pormenores de la tercera solicitud de reequilibrio económico del aparcamiento de Padre Claretpresentada por la empresa Isolux-Corsán, propietaria de Aparcamientos Segovia S.L, la adjudicataria de la gestión de esta infraestructura.

Tras la solicitud presentada por esta empresa, el equipo de gobierno encargó un estudio económico financiero para su correspondiente valoración. La conclusión de este informe parece indicar que dicha compensación no es factible y así se lo ha transmitido el edil de Obras a los miembros de la comisión de Urbanismo.

 

En el año 2011, la empresa Isolux-Corsán solicitó el primer reequilibrio económico por valor de 3.305.000 euros; en aquel entonces, el Ayuntamiento lo aceptó aprobando una subida de tarifas y una prórroga de la concesión del aparcamiento de algo más de un año y cuatro meses. Posteriormente, en 2017, la empresa volvió a pedir un segundo reequilibrio por un importe de 3.004.000 euros y el consistorio aprobó, por este importe, la segunda ampliación de la concesión por tres años y seis meses, la exención del canon de 65.000 euros que pagaba la empresa y la eliminación de la responsabilidad del mantenimiento de la Avenida Padre Claret que discurre por encima del aparcamiento.

Ahora han vuelto a solicitar un tercer reequilibrio económico por las anualidades del 2016 al 2022 por un importe de 6.063.600 euros que, según recoge el contrato de la concesión, se extrapolaría a un aumento de la misma que equivaldría a ocho años, ocho meses y once días. Por este motivo el equipo de gobierno ha solicitado este estudio externo que indica posiblemente la inviabilidad de la solicitud. 

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